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La expresidenta del Congreso del Estado durante la anterior Legislatura, Beatriz Víscera Alatriste, fue imputada por el delito de peculado por la jueza de control, además de que le fue fijada como medida cautelar que no puede abandonar el país, por lo que se le requirió su pasaporte y se le impuso la firma, cada 15 días, en la Unidad de Medidas Cautelares.

En la sala 1 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, después de un tortuoso proceso en el que fue declarada sustraída de la justicia y después apareció con un amparo bajo el brazo y con un tanque de oxígeno, la exdiputada acudió, por fin, a la audiencia de imputación.

De acuerdo con la carpeta de investigación número JC/323/2019 que abrió la Fiscalía Anticorrupción, por la distracción de más de 23 millones 760 mil pesos, recursos que corresponden a las cuotas de los trabajadores del Congreso para el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos, mismas que nunca fueron enteradas a ese organismo.

La Fiscalía presentó más de 70 datos de prueba y luego realizó la imputación contra la exlegisladora. Entre los elementos que se pudieron conocer, se encuentra el hecho de que al menos 14 millones de pesos se habrían distraído de su objetivo original para ser transferidos a dos empresas fantasmas durante su administración al frente de la Mesa Directiva del Legislativo.

La defensa de la exdiputada solicitó a la jueza el plazo constitucional de 144 horas antes de llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso con el objetivo de reunir elementos para refutar las pruebas de la fiscalía. Lo cual fue concedido, pero le fueron fijadas las medidas cautelares de firma y prohibición de la salida del país.

También le fue prohibido a la exlegisladora acercarse a los actuales legisladores, quienes son los denunciantes, así como no acudir al recinto del Congreso local ni a las instalaciones del Instituto de Crédito, así como a quienes aparecen en la carpeta de investigación como testigos de los hechos.

En este proceso hay otra exlegisladora involucrada, se trata de la expresidenta de la Junta Política y de Gobierno, Hortencia Figueroa Peralta, quien presuntamente habría distraído 9 millones de pesos en beneficio personal, así como de otros exlegisladores a quienes en un solo día, antes de concluir la Legislatura, habría emitido cheques con distintas cantidades.