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La organización Artículo 19 denunció una serie de amenazas y agresiones derivadas de la cobertura de la balacera de hace una semana en Cuernavaca, asimismo, pidió al gobierno de Morelos que cumpla su obligación de brindarles protección, pues considera que quienes estuvieron cubriendo el evento “se encuentran en riesgo serio”.

En un comunicado firmado además por otras organizaciones de defensa de los derechos humanos de los periodistas, se denuncia que a la mañana siguiente de la balacera, “aparecieron cartulinas en las colonias Altavista y Tabachines, en la misma ciudad, con mensajes presuntamente provenientes del crimen organizado: ‘[quienes] declaren en contra de inocentes serán trozados. Va también para los periodistas chismosos’”.

Luego, el viernes 10 de mayo, se encontraron mantas en Cuernavaca y Temixco que se presumen “provienen del crime organizado”, en las que se amenaza a periodistas, particularmente a quienes presenciaron el hecho trágico: “… Y a los reporteros y periodistas fíjense en lo que hablan y a quien señalan porque van a empezar a rodar cabezas…(sic)”.

Asimismo, el mismo miércoles señala Article 19, que una reportera recibió “una llamada donde fue amenazada, diciéndole sus agresores que contaban con imágenes desde distintos ángulos de su presencia en la Plaza de Armas al momento del ataque armado”.

Por ello, “ARTICLE 19, CIMAC, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus sigas en inglés), Periodistas de a Pie y Reporteros Sin Fronteras consideran que el grupo de periodistas presentes en la Plaza de Armas de Cuernavaca, el pasado miércoles 8 de mayo se encuentran en alto riesgo y es obligación inminente del estado tomar medidas urgentes  para que este riesgo no se materialice”.

Por lo tanto, exigen “al Gobierno de Morelos cumplir con la obligación de mantener condiciones idóneas para la práctica periodística no sólo en la capital del estado sino en todo su territorio, proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad ha sido puesta en peligro mediante la adopción de medidas adecuadas a cada caso y procurar justicia a través de la investigación y sanción a los responsables de los hechos del 8 de mayo y de las amenazas vertidas a través de mantas y cartulinas en los días posteriores”.

También demandan que “se investigue el origen de los mensajes amenazantes ciñéndose al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometido contra la Libertad de Expresióna fin de dar con los responsables y se establezcan las sanciones correspondientes, para asegurar la no repetición de estas agresiones y la salvaguarda del ejercicio periodístico”.

Además, “exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contacte a las y los periodistas presentes en la Plaza de Armas, a fin de contar la información necesaria para analizar el nivel de riesgo al que se enfrentan y otorgar las medidas correspondientes para la protección de cada periodista y sus familias”.