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El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, recurrió a la justicia federal para protegerse de la multa o el arresto impuestos por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, luego de que esa dependencia le pidiera información respecto de los protocolos de la policía para evitar linchamientos, la cual no fue entregada en ninguna forma.

Luego de que la Fiscalía le impusiera una multa de más de 26 mil pesos, el funcionario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, acudió ante un juez federal para iniciar un juicio de amparo, mismo que le concedió la suspensión provisional, con el efecto de que “las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y en consecuencia no se ejecute dicho mandamiento, esto es, no se arreste a la parte incidentista”.

Para otorgarle dicha protección que surte efecto de inmediato, el juez de Distrito le fijó una fianza de 5 mil pesos, como garantía, misma que debe ser exhibida en los siguientes cinco días a que le fue otorgada la medida.

Con esta protección, la fiscalía no podrá actuar respecto a la solicitud incumplida de información a la Secretaría de Gobierno. El caso se desprende de los linchamientos ocurridos en Huitzilac hace una semana, en la que dos personas acusadas de robo fueron quemadas vivas por una turba de pobladores.

Ante estos hechos, la Fiscalía demandó información respecto a los protocolos de la policía, pues los linchamientos dejaron al descubierto que los agentes no supieron cómo actuar ante la población enardecida.