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La diputada Rosalina Mazari Espín retuvo ilegalmente 65 cuentas públicas en su escritorio de presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, con lo que dejó de lado la posibilidad de presentar denuncias penales, recuperar recursos públicos desviados o fincar responsabilidades administrativas.

La actitud de la única legisladora priísta en la actual Legislatura, de acuerdo con algunos de sus homólogos diputados, fue dolosa, con la expresa intención de proteger a exfuncionarios estatales y presidentes municipales, causando además un grave daño al erario público y dejado en la impunidad una serie de irregularidades, malos manejos y anomalías.

En lo que va de 2019, Rosalina Mazari, recibió 65 informes de resultados de revisiones a las cuentas practicadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos, de las cuales sólo se presentaron al pleno cinco dictámenes correspondientes a igual número de municipios de la entidad, dos de las cuales correspondieron a la administración de Jojutla que encabezó el actual presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Martínez Sotelo. En esas dos declaraciones de cuenta pública se establece que no hay observaciones. Los dos dictámenes fueron aprobados por el pleno legislativo.

De acuerdo con la información disponible, entre las auditorías que habría “escondido” la diputada priísta se encuentran algunas de 2012, del último año del ejercicio del panista Marco Antonio Adame Castillo, mismas que involucrarían a los exsecretarios de Desarrollo Humano y Social, Ricardo Esponda Gaxiola; Desarrollo Urbano y Obras Públicas, David Turner Morales; y, Desarrollo Agropecuario, Sergio Tovar Rodríguez.

Asimismo, se habla de las cuentas públicas del entonces secretario de Gobierno, Óscar Sergio Hernández Benítez; el de Gestión e Innovación Gubernamental, Rey Davi Olguín Rosas; Desarrollo Económico, Rafael Tamayo Flores; y Seguridad Pública, Rafael García Aguilar, todos ellos colaboradores de Adame Castillo. Estos informes fueron recibidos por la Comisión de Hacienda desde el 4 de noviembre de 2017, aún antes de iniciar la presente Legislatura.

Ahora bien, Mazari Espín habría retenido también las cuentas públicas correspondientes a los años 2017 y 2018 de la secretaría de Hacienda del gobierno de Graco Ramírez que encabezó Jorge Michel Luna; así como de la administración de María del Carmen Verónica Cuevas López, como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia; el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, encabezado entonces por Jesús Rencillas Román, entre otros.

Se defiende Rosalina Mazari 

En tanto, la diputada Rosalina Mazari defendió su trabajo al frente de la Comisión de Hacienda del Congreso, pues dijo que este órgano legislativo “está integrado por varios integrantes (sic), que lo único que han demostrado es ignorancia, desinterés e irresponsabilidad en los temas referentes a la Cuenta Pública de nuestro estado”.

Advirtió que “no debemos dejar engañarnos, el trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública es continuo y constante, siempre conducido bajo los principios de ética y responsabilidad y en apego a la normatividad vigente que rigen los trabajos” de la comisión.