Hostigan a opositores a la termoeléctrica de Huexca

Una decena de activistas, opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM), del cual forma parte la central termoeléctrica de Huexca, el gasoducto y el acueducto, fueron denunciados penalmente

POR: Jaime Luis Brito, Visitas: 290

Publicado: 28/02/21 07:53

 

El presidente de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), Rogelio Plascencia Barreto, uno de los impulsores del megaproyecto de la CFE, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas “amenazas” a 10 activistas.

Jorge Zapata González, nieto del General Emiliano Zapata Salazar, es uno de los 10 denunciados, junto con Mara Aragón Franco, familiar de Zapata González, la activista social y habitante de Huexca Teresa Castellano Ruíz, el abogado de los ejidatarios de Ayala que defienden su agua y defensor del medio ambiente, Juan Carlos Flores Solís, así como el comisariado de Ayala, Hugo Lázaro Pérez, y otros miembros del comité ejidal de los ejidos de Moyotepec y Tenextepango.

Los activistas se enteraron de  la denuncia interpuesta en su contra el miércoles pasado cuando acudieron al plantón  instalado frente a las oficinas de Asurco, en el Municipio de Ayala, para entregarle a Rogelio Plascencia una copia de un convenio que supuestamente firmó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “a espaldas de la mayoría de ejidatarios y usuarios de Asurco”.

Pero al llegar al plantón recibieron una notificación (fechada el 19 de febrero) emitida por el Centro de Justicia Alternativa de la sección Cuautla de la Fiscalía General del Estado, en donde les informan de una carpeta de investigación iniciada en su contra por la posible comisión del delito de amenazas.

La facilitadora de justicia alternativa adscrita al Centro de Justicia Alternativa, Virginia Gual Pérez, los citó mediante esa notificación advirtiendo que en caso “de incomparecencia sin causa justificada se informará al ministerio público de dicha situación”.

La denuncia presentada por presidente Asurco contra los 10 defensores del agua en Morelos fue interpretada por el abogado de los ejidatarios de Ayala, Juan Carlos Flores, como “una práctica de criminalización” contra los opositores a la termoeléctrica.