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El alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, libró la prisión preventiva al ser imputado por el delito de cohecho, debido a que llevó un amparo para no ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, podría ser destituido el próximo martes 1º de diciembre, si el juez determina que hay elementos para vincularlo a proceso.

En cambio, el subdirector de Protección Civil, Gonzalo Alberto Barquin Granados, también imputado del mismo delito, quedó en prisión preventiva por decisión del juez de control y garantías Edie Sandoval Lomé, debido a que existe el riesgo de que escape del proceso que se le sigue.

La denuncia fue presentada por Christian Luna, quien junto con su hermano, estableció un autocinema en Cuernavaca, mismo que comenzó a funcionar en la época del confinamiento. Su primera función fue el 1º de julio pasado. No obstante, unas semanas después su establecimiento fue clausurado, por violar supuestamente reglamentos de Protección Civil.

El empresario aseguró que inspectores del ayuntamiento de Cuernavaca le cobraban 200 mil pesos como medida para poder reabrir, dinero que era, en el dicho de los inspectores, para “su jefe” y el presidente municipal. Entonces presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, misma que detuvo a seis inspectores acusados de los hechos.

Dos de ellos se encuentran vinculados a proceso legal. A partir de ahí, de los señalamientos de estos trabajadores, se inició la investigación contra el alcalde y el subdirector de protección civil, quienes este viernes fueron vinculados a proceso.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la prisión preventiva para ambos personajes, pues los dos actores de la demanda denunciaron que fueron amenazados de muerte por personal bajo las órdenes del ayuntamiento de Cuernavaca. Por eso, se dictó la prisión preventiva, pero sólo fue aplicada a Barquín Granados, porque el alcalde llevaba un amparo.

Los fiscales del caso también solicitaron la destitución del caso del alcalde, como medida cautelar para evitar que influya en los trabajadores o entorpezca las investigaciones, sin embargo, el juez consideró que no era “el momento oportuno”, y que será el próximo 1º de diciembre, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso, que en caso de ser vinculado, sea separado del cargo.

Los dos actores de la demanda se encuentran custodiados debido justamente a las amenazas de muerte que han denunciado, así que salieron de los juzgados en el penal de Atlacholoaya, con guardias de seguridad. En tanto, el alcalde decidió no hablar con los medios de comunicación respecto a las imputaciones en su contra.