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Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT) aseguraron que existen 19 amparos vigentes que impiden la reanudación de los trabajos de construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM) del cual forma parte la termoeléctrica de Huexca.

“Hay vigentes al día de hoy 19 amparos, nueve con suspensiones del agua, uno con suspensión del gasoducto y uno con suspensión para que no contaminen el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica. Y hoy el Presidente de la República ordena realizar el robo del agua de los ejidos de Ayala, cuna del zapatismo y agrarismo mexicano”, se lee en un comunicado hecho público este lunes.

En octubre pasado, los opositores informaron de los amparos contra el Proyecto Integral Morelos: termo, gasoducto, acueducto

Los activistas narraron la forma en la que los elementos de la Guardia Nacional arribaron la madrugada de este lunes para desalojar el plantón que opositores al PIM mantenían en la comunidad de San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, a un costado del Río Cuautla.

“Alrededor de las 2:15 horas cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional (GN) desalojaron el plantón que, de ambos lados del Río Cuautla, sostenían desde hace cuatro años los ejidos de Ayala, Morelos en defensa del agua para evitar sean despojados del vital líquido.

“Seguido de la GN llegaron las máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto y comenzaron a colocar paredes de lámina para evitar el libre tránsito y el derecho de defensa y manifestación de quienes son agraviados por este megaproyecto de muerte”, señalaron.

El Gobierno Federal, continúa el documento, aprovechó la contingencia generada por el coranavirus que produce la covid-19 para imponer el megaproyecto de manera multitudinaria con el ingreso de cientos de elementos de la Guardia Nacional que fuerzan a confluir a igual número de campesinos que defienden sus derechos agrarios.

“De esta manera, en representación de 17 de los ejidos y comunidades que llevan procesos legales en defensa de sus derechos a la tierra, agua, medio ambiente y seguridad y ante la falta de imparcialidad de los poderes de la unión, se ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda el caso bajo el expediente de solicitud de medidas cautelares MC-1056-20, para que requiera al Estado Mexicano respete la integridad física de los que se oponen al PIM y su derecho de libre manifestación y defensa, así como suspenda el funcionamiento del PIM, respetando los amparos y suspensiones otorgadas que evitan la afectación de los derechos patrimoniales de pueblos originarios y ejidos y por la oposición y violación histórica a los derechos humanos generada por este proyecto, así como revise la imparcialidad y profesionalismo de los jueces y autoridades vinculadas al proyecto.

“La petición de  intervención internacional de protección de derechos humanos se realiza con motivo de la falta de justicia e imparcialidad que ha tenido este gobierno sobre el PIM y la grave violación a los derechos humanos que está generando y puede generarse”.

Los campesinos acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de traidor, pues durante su campaña y de visita en Morelos se pronunció en contra de la termoeléctrica de Huexca.

“Hoy se culmina la traición de López Obrador al pueblo campesino de Morelos y pueblos originarios que son afectados por el Proyecto Integral Morelos, hoy Obrador rompe con su tercer principio: no robar.  Hoy como Madero hace 109 años, López Obrador traiciona al campesino y la promesa de cambio de su gobierno, para favorecer a las empresas transnacionales Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental, Elecnor, Enagas, Gas Natural del Noreste, las empresas mineras canadienses como Alamos Gold, entre otras.

“Es mentira que la termoeléctrica sea para beneficio del pueblo de México y el fortalecimiento de la industria eléctrica nacional, pues México tiene una capacidad de generación eléctrica 40 por ciento mayor a la que necesita.  Es mentira que el PIM traerá mayor desarrollo y empleo, la termoeléctrica solo genera alrededor de 30 empleos permanentes en contrapeso a los más de 15 mil campesinos y jornaleros que viven del agua del riego del Río Cuautla y el afluente que proporciona la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla (PTAR)”.77

Agregaron que la concesión del agua del Río Cuautla, incluyendo el agua de la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla (PTAR), corresponde a la Asociación de Usuarios del Río Cuautla, donde se encuentra asociados 32 ejidos y 14 pequeñas propiedades, cuyos derechos se originan por las dotaciones presidenciales otorgadas en tiempos de la culminación de la Revolución Mexicana, restituyendo a los pueblos originarios de Morelos, lo que los hacendados y Porfirio Díaz les habían arrebatado.

“A la fecha no se ha realizado ninguna asamblea general de usuarios de Asurco que pudiera acordar cualquier tipo de cesión de derechos sobre su agua y, por el contrario, los ejidos directamente afectados como lo son Moyotepec, Tenextepango, San Juan Ahuehueyo, Villa de Ayala, Salitre y San Vicente Las Piedras, que hacen uso del agua de la PTAR de manera directa, no están de acuerdo con la cesión del agua y cualquier convenio o trato que pudiera promover de manera diferente el Comité Directivo de Asurco, como lo ha estado haciendo, es invalido.

“Dicho Comité encabezado por Rogelio Plascencia ha traicionado los estatutos y principios de Asurco. Hacemos un llamado urgente a todas las personas, pueblos, organizaciones y organismos nacionales e internacionales a sumarse a la protección del legado zapatista y detener la envestida neoliberal de concluir el PIM pasando por encima de los pueblos originarios”.