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En menos de un mes, dos mujeres, una de ellas menor de edad, han sufrido la criminalización debido a abortos inducidos, denunciaron organizaciones sociales, en ambos casos, fue personal de los hospitales general de Cuautla y comunitario de Temixco, el que dio parte a la Fiscalía General de Justicia.

La Red Violeta, conformada por diferentes organizaciones y colectivas defensoras de los derechos humanos, demandó a las autoridades de Morelos, particularmente a la Fiscalía General de Justicia respetar el aborto como un derecho humano, ya que además existe un pedido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se legisle a favor de la salud de las mujeres.

El problema es que desde 2008, cuando fue modificada la constitución para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, mujeres que han abortado porque su embarazo fue producto de una violación, “han sido maltratadas y juzgadas”, lamenta la Red Violeta en un pronunciamiento.

Y es que el pasado 29 de julio, de acuerdo con denuncias hechas por organismos de derechos humanos, Elvira, de 30 años, fue detenida por elementos de la Policía de Investigación Criminal, luego de que personal de Trabajo Social del hospital general Dr. Mauro Belauzarán Tapia, de Cuautla, diera parte a las autoridades de la interrupción intencional de su embarazo.

Según la información, la mujer manifestó haber ingerido vía oral y vaginal, medicamentos para interrumpir el embarazo que tenía 27 semanas. Luego de dar parte a la policía, fue puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de “agravante de aborto”. Según la legislación en la entidad, la pena que enfrentaría en caso de ser condenada es de entre uno a cinco años de prisión, pena que puede ser sustituida por tratamiento médico o psicológico.

En tanto, hace cuatro días, la menor Fátima, una menor de edad con domicilio en Emiliano Zapata, fue reportada por personal del Hospital Comunitario de Temixco, de haberse provocado un aborto. Al hospital, la adolescente habría llegado sin el producto y con una hemorragia. Y aunque la Fiscalía de Morelos aseguró que no procesó el caso, los datos personales de la menor, particularmente su domicilio específico fue filtrado a algunos medios de comunicación que lo publicaron completo.

La Red Violeta condenó los “actos de odio hacia mujeres, tanto por parte del personal médico y administrativo, Fiscalía, Ministerio Público, periodistas, medios de comunicación y sociedad en general, pues los representantes del Estado no han sido capaces de garantizar la vida, salud, seguridad y protección de datos de las mujeres y adolescentes”.

Este lunes, la Fiscalía General de Justicia aclaró que no detuvo a la menor y no inició proceso judicial en su contra, con base en “el mandato constitucional del interés superior de la infancia”, es decir, no actuó en su contra por ser menor de edad, porque aclaró que “su labor se circunscribe a los conceptos y límites que la propia ley establece”.

Las organizaciones civiles demandaron el reconocimiento inmediato del aborto como un derecho y exigieron su despenalización total: “es nuestra decisión y nuestro derecho”. No obstante, en Morelos, la actual Legislatura, al igual que las últimas tres, se han negado a discutir siquiera la posibilidad. En el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018), se aprobó incluso el matrimonio igualitario, pero nunca se discutió la despenalización del aborto, a pesar de que fue una promesa de campaña. En el actual gobierno, ni una mención siquiera.

Mientras tanto, según información de las organizaciones civiles, en lo que va de 2020, van cuatro casos de mujeres criminalizadas por aborto, al menos del dominio público.