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Campesinos de diversos ejidos del oriente y sur de Morelos protestaron en las instalaciones de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) para denunciar que esa organización, concesionaria de las aguas de ese afluente, está dispuesta a firmar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dotar de vital líquido a la termoeléctrica de Huexca a cambio de “migajas de obras públicas”.

La protesta ocurrió esta mañana con un reducido número de ejidatarios, “son más bien representantes”, dijeron, pues “mucha gente no puede venir por esto del coronavirus, son gente mayor no pueden”. Sin embargo, acudieron los representantes de al menos 20 ejidos y pueblos que serán afectados por la termoeléctrica en el oriente y sur de la entidad.

De acuerdo con las versiones que han corrido en las redes sociales y lo que han denunciado los representantes campesinos, la dirigencia de la organización Asurco, ha convenido con la CFE la entrega de unos 2 mil 500 litros por segundo de agua del Río Cuautla o en su caso, de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Cuautla, que para el caso, también está concesionada a Asurco, a cambio de “un puñado de obras públicas”.

Sin embargo, la entrega de esa dotación de agua, afectaría gravemente a más de 6 mil familias que viven de sembrar cebolla, sorgo, maíz, pepinos y otros productos, pues dependen del agua que corre en el Río Cuautla y que se engrosa con la dotación del agua tratada en Cuautla.

El conflicto tiene más de ocho años, cuando el gobierno de Marco Antonio Adame Castillo negoció la construcción del Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la construcción de dos termoeléctricas en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y un gasoducto que corre alrededor del volcán Popocatépetl desde Tlaxcala y pasando por Puebla.

El siguiente gobierno, de Graco Ramírez, impuso a sangre y fuego la construcción de la primera termoeléctrica y del gasoducto, a pesar de la resistencia de las comunidades, quienes mantienen detenido el proyecto a base de recursos jurídicos y del hermanamiento de la lucha con comunidades de Puebla y Tlaxcala, pueblos que han sido reprimidos y perseguidos por los gobiernos de los tres estados y del federal.

Para que la termoeléctrica funcione, es necesario de la dotación de 2 mil 500 litros por segundo de agua para enfriar las turbinas que funcionan con el gas natural. La CFE ha querido tomar ese líquido del río, sin importar que dañaría las economías locales de miles de familias en la región. Con acompañamiento policial ha construido un acueducto que se ha mantenido detenido por cuatro años, debido a la instalación del “Campamento Zapatista” a orillas del río en la comunidad de Apatlaco, en Ayala.

Más de una treintena de pueblos han mantenido durante los últimos cuatro años el campamento que impide que la tubería de la CFE cruce el río Cuautla y se conecte con la Planta Tratadora de Aguas Residuales de ese municipio. Sólo faltan unos 100 metros para conseguirlo, pero la resistencia comunitaria inspirada en el General Emiliano Zapata, ha impedido que se conecte.

No obstante, los representantes comunitarios han denunciado que la estrategia para imponer el acueducto se divide en dos, por un lado la represión y la persecución, y por otro, la compra de voluntades y corrupción de autoridades comunitarias. Todo ello, reforzado desde que en enero de 2019, el entonces recién llegado presidente Andrés Manuel López Obrador “traicionó” a los campesinos, al recular en su promesa de cancelar la termoeléctrica de llegar al poder.

Los ejidatarios, solicitaron formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “acompañamiento y observación” pues temen que las autoridades estatales y federales puedan desalojarlos con violencia y luego validar un convenio que permita “robarles el agua”.

En febrero de 2019, el gobierno federal organizó una “consulta” para legitimar la imposición del proyecto. Unos días antes, uno de los principales opositores al PIM, Samir Flores Soberanes, fue asesinado en las afueras de su domicilio. Hasta e momento, han pasado 16 meses y no hay detenidos ni ningún avance en la investigación.