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El Congreso del Estado prepara ya una nueva legislación en materia de servicio civil, porque se viene encima un enorme problema el de las pensiones y jubilaciones en la entidad, dado que en los tres poderes y los tres niveles de gobierno, así como los organismos autónomos y sindicatos, se han presentado más de mil solicitudes de jubilación, la mayoría ya admitidas.

Según la información disponible, hasta el momento se detinan 672 millones de pesos al pago de las actuales jubilaciones y pensiones, casi el 60 por ciento de los ingresos en el estado. Y es que el estado carece de una política pública para enfrentar este problema, que no se convierta en barril sin fondo y que respete los derechos adquiridos de los trabajadores del servicio público.

En junio de 2016, la anterior Legislatura aprobó una moficiación al artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que homologó los años de servicio para obtener la jubilación y que estos sean iguales para hombres y mujeres, dejando 18 años para obtener el retiro al 50 por ciento y 28 años para obtenerlo al 100 por ciento.

De hecho, se incluyó una tabla en la que se definían los porcentajes según el número de años de servicio: 28 años al 100 por ciento; 27 años al 95 por ciento; 26 años al 90 por ciento; 25 años al 85 por ciento; 24 años al 80 por ciento; 23 años al 75 por ciento; 22 años al 70 por ciento; 21 años al 65 por ciento; 20 años al 60 por ciento; 19 años al 55 por ciento; 18 años al 50 por ciento.

Sin embargo, lo que no está claro es de dónde saldrán los recursos. El problema además es que los gobiernos tradicionalmente jubilan a sus cercanos al final de cada administración. Esto paso con la de Graco Ramírez, a quien la anterior Legislatura le jubiló “de manera ilegal” a más de 70 exfuncionarios, quienes ganaban jugosos salarios.

De hecho se está buscando echar abajo estas jubilaciones, aunque el actual Congreso ha encontrado resistencias legales, porque se habla justamente de derechos adquiridos.