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El fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara fue denunciado penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción estatal por encubrir a los servidores públicos involucrados en el caso de las fosas clandestinas del anterior gobierno ubicadas en Tetelcingo.

David Marroquín Ojeda, representante legal de la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien fuera secuestrado, asesinado e inhumado ilegalmente en esos repositorios en 2014 junto con al menos otros 118 cuerpos, de los cuales han sido identificados más de una decena, ahora ya entregados a sus familias.

“El sentido de la denuncia es precisamente por una omisión en la investigación, en la continuación de los antecedentes de la investigación, yo les podría asegurar que llevamos dos años de supuesta investigación, en los que no se ha llevado a cabo por parte del agente del Ministerio Público que ha tenido a cargo la carpeta, una sola diligencia tendiente a investigar los hechos o a identificar la identidad (sic) de los probables responsables”, argumentó.

“Ahorita estamos presentando la denuncia esencialmente por el encubrimiento por favorecimiento, es un delito que genera impunidad cuando se comete por un servidor público y en este sentido, el hecho de no investigar y de no formular imputaciones y de no continuar con la investigación y de los probables responsables, pues obviamente puede generar en la prescripción de algún delito y esto es precisamente el favorecimiento que le está generando la Fiscalía General del Estado”, aseguró.

En septiembre de 2015, Amalia y María Hernández, tía y madre de Oliver Wenceslao, respectivamente, denunciaron los hechos en los que a pesar de estar plenamente identificado, la Fiscalía de Morelos, inhumó a su familiar ilegalmente. A partir de entonces la presión política de colectivos de víctimas hizo posible que se intervinieran las fosas de Tetelcingo.

A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno estatal en la que se presumía el involucramiento de 42 funcionarios y exfuncionarios, sin embargo, hasta el momento sólo existen dos funcionarios señalados de haber participado.

Amalia Hernández ha expresado su preocupación por las irregularidades en el proceso penal iniciado contra Ana Lilia Guerrero y Gerson Cervantes Gurrea, otrora responsables general y regional de servicios periciales, por los hechos de Tetelcingo.

Señaló que los agentes del Ministerio Público, José Roberto Cuevas Conde y Eduard Balderas Guerrero, no sólo han violentado la secrecía de las investigaciones, sino que están más preocupados por la situación de los ex funcionarios públicos imputados, que por la defensa de las víctimas.

“El 29 de mayo acudí a la fiscalía a donde está adscrita la carpeta de investigación a recoger un oficio, y antes de entrar a la oficina escuché una conversación del Ministerio Público (José Roberto Cuevas Conde), en la que estaba más preocupado por la condición de uno de los imputados, que por la condición de las propias víctimas. Esto se lo hice del conocimiento inmediato de la fiscal de desaparición forzada, Zaira Janet Lulo, pero en todo momento trató de minimizar el tema”, explicó.

Por ello ha pedido la creación de una fiscalía especializada para el tema de las fosas, pero que esté a cargo una persona confiable y capaz de defender a las víctimas y realizar las investigaciones posibles sin interferencia de la fiscalía o de interesados en obstruir el proceso.