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Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Amalia Hernández Hernández, tía de una víctima de secuestro y asesinato, demandaron a la Fiscalía General del Estado reactivar la diligencia de apertura de las fosas clandestinas de Jojutla, además de dar a conocer cuántas fosas comunes existen en la entidad.

También exigieron que se crea una fiscalía especializada para que investigue desde el inicio los hechos que ocurrieron en Tetelcingo, las fosas clandestinas del gobierno pasado, y lleve ante la justicia a los 42 funcionarios y exfuncionarios que están involucrados en el caso.

Ambos coincidieron en que la fiscalía truncó y ha retrasado el trabajo en Jojutla, con el argumento de que no tenía presupuesto suficiente, sin embargo, aseguraron que desde finales de 2018, la dependencia obtuvo recursos suficientes para atender lo necesario para reabrir las fosas de Jojutla.

Sicilia aseguró que hay un compromiso de la Fiscalía que debe cumplirse, “no lo pueden traicionar, sobre todo por los niveles de violencia y de desapariciones que estamos teniendo todavía, y las deudas que hay todavía con el pasado. Hay que entender que los muertos y los desaparecidos no son una deuda de gobierno, son una deuda de Estado”.

Pero también pidió al gobierno estatal que se cumpla con los puntos torales de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos número 48/2016, como son: identificar y entregar el mapa de todas las fosas comunes de la fiscalía donde se inhumaron cuerpos, lo que hasta ahora, dijo, es una incognita.

Por su parte, Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, cuyo caso permitió la apertura de las fosas clandestinas de Tetelcingo: “Lo que argumentaba el fiscal general era la cuestión económica, entonces, el recurso ya lo tiene, ya no hay ningún pretexto para no continuar con el tema de las inhumaciones”.