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Quisiera compartir unas reflexiones sobre uno de los asuntos clave para atender en este Ayuntamiento en materia de derechos humanos, como lo es la tarea de abonar a la justicia en una deuda de Estado que nos atraviesa a todos los niveles de gobierno. Tal es el caso de la fosa común que existe en el “nuevo” Panteón Civil de Jojutla, en la colonia Pedro Amaro y del que creo, puede existir confusión o desinformación sobre dónde nos encontramos y a qué nos enfrentamos.

En este lugar fueron enterradas o inhumadas 38 personas por parte de la Fiscalía General del Estado en colaboración con la administración municipal de entonces, decisión que consta en acta de Cabildo con fecha de 14 de mayo de 2014. Los cuerpos de estas personas, no identificadas, habían permanecido en las cámaras frigoríficas de Servicio Médico Forense de la zona Sur-Poniente. Sin embargo, entre marzo y abril de 2017, luego de la presión del movimiento social que permitió un proceso de exhumación en este lugar, se revelaron cuerpos y restos de 84 perfiles genéticos distintos en condiciones a todas luces irregulares como cuerpos con vestimenta, sin carpetas de investigación o encontrados en condiciones materiales desapegadas a lo que establece la ley. Estas irregularidades han sido señaladas por colectivos, movimientos, periodistas, instituciones y organismos, debido a las violaciones a derechos humanos, como los obstáculos y dilaciones en el acceso a la justicia y la verdad que emanan de ahí. A pesar de la relevancia de lo que estaba siendo documentado, los trabajos fueron suspendidos debido a que en una de las esquinas de este panteón se encuentran 3 tumbas particulares, las cuales ya estaban comenzando a ser dañadas por las exhumaciones y sin que en ese momento se identificara a los familiares que pudieran responder por estas.

Debido a todo ello, podría decir que se acumulan las personas victimizadas por toda esta situación en al menos tres grupos. Por un lado, son víctimas los familiares de las personas que ahí fueron enterradas en la fosa común y que no han encontrado esclarecimiento ni justicia; por otro, son víctimas las familias que buscan en Morelos y en todo el país a sus desaparecidos y que tienen la esperanza de encontrarles en Jojutla; pero también son víctimas las familias que fueron orilladas sin la información suficiente a sepultar a sus seres queridos en la zona aledaña a esta fosa negándoles el derecho a un lugar digno para sus difuntos. Sobre este último punto, ha habido incluso versiones que indican que estas tumbas podrían estar no a un lado, sino encima de la fosa común irregular, asunto que podrá ser esclarecido solo reiniciando el proceso detenido en 2017.

Desde inicios de esta administración, como responsable de la Regiduría (Comisión) de Derechos Humanos e integrante del Ayuntamiento de Jojutla, hemos promovido que exista una coordinación plena, responsable y sensible con las víctimas entre los tres niveles de gobierno. Afortunadamente, se ha encontrado respuesta positiva para ello en lo municipal, estatal y federal, además de organismos de derechos humanos, en la búsqueda de atender las demandas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

De los trabajos, reuniones y conversaciones formales e informales en las que he participado, distingo tres procesos pendientes en los que se ha avanzado y que toca concluir de la mejor manera, en el marco de la legalidad, pero con un alto sentido de responsabilidad y empatía con las víctimas. Los describo a continuación:

Proceso 1. Preparando el terreno: reconocimiento, sensibilización y traslado de las tumbas particulares

Los trabajos de exhumación realizados a inicios de 2017 en la fosa de Jojutla fueron suspendidos debido a que los mismos dañaron un conjunto de tumbas de particulares. Desde ese momento, las autoridades de procuración de justicia involucradas han argumentado que ese hecho impide continuar con cualquier trabajo que pueda concluir la exhumación de los cuerpos que faltan por ser identificados. También han argumentado como motivo falta de personal y presupuesto en la institución. Por su parte, los colectivos en búsqueda de personas desaparecidas han insistido en hacer lo posible para continuar el proceso, en mejorar los estándares con los que se conducen los trabajos, así como un mayor involucramiento social y de actores independientes.

Una tarea central para avanzar fue verificar las declaraciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos y contactar a las 2 familias de las 3 tumbas particulares señaladas por esta. Son 2, debido a que la persona sepultada en la tercera tumba, según la información que se tiene, murió sin familia conocida que pudiera responder por el deceso. Las autoridades municipales hemos podido ya contactarles, conversar con ellas, escuchar sus versiones de lo ocurrido, conocer de primera mano la historia y conocer más sobre el malestar que sienten por el lugar en el que descansan sus seres queridos.

Porque hemos sostenido múltiples conversaciones incluso previas a ocupar un cargo público, puedo afirmar que estas personas son conscientes de la situación de victimización que viven, pero también sensibles a la búsqueda de las familias que buscan incansablemente a sus familiares víctimas de desaparición. Por ello, de manera conjunta, hemos establecido una ruta en la cual familias, Gobierno del Estado y Ayuntamiento, podamos realizar los procedimientos de traslado de las tumbas, teniendo siempre la voluntad de las víctimas al centro y con pleno cuidado no afectar de ninguna manera el proceso de exhumación en la fosa contigua. Es importante recalcar, que estas familias, en sus peticiones, han sido muy claras y explícitas en el respeto que exigen a su privacidad y su dolor; aspecto que como autoridades tomamos como compromiso e invitamos a toda la población a hacer lo mismo.

El proceso de traslado de las tumbas particulares será una tarea que deberá realizarse con mucha responsabilidad y con un estándar alto de pulcritud técnica y legal, pero sobre todo en pleno apego al objetivo de no revictimizar todavía más ninguno de los grupos y siempre teniendo al centro sus muy legítimas demandas.

Proceso 2. La transformación de lo público: recomendaciones, normatividad e infraestructura

Como parte del seguimiento institucional por las múltiples violaciones a los derechos y personas victimizadas en torno a los casos de las fosas de Tetelcingo, Cuautla, se han emitido una serie de recomendaciones por parte de los organismos de derechos humanos, CEDH y CNDH. Esta última, en septiembre de 2016 emitió la recomendación 48/2016 que involucra a distintas autoridades por el caso de Cuautla, incluyendo al entonces gobernador Graco Ramírez, al entonces fiscal estatal Javier Pérez Durón y al Ayuntamiento de Cuautla. En las páginas 147 y 148 de esta recomendación, se detallan las medidas que deberían adoptar las autoridades municipales de Cuautla, entre las que se encuentran la necesidad de tener y aplicar un reglamento de panteones que asegure un control debido de los entierros, verificar que las concesiones que el Ayuntamiento otorgue a los particulares para prestar el servicio público de panteones se cumplan los requisitos que por ley se solicitan; así como realizar búsqueda de otros posibles sitios de inhumación irregulares o clandestinos en el municipio.

Como una consecuencia de la recomendación 48/2016 de la CNDH, pero principalmente producto del impulso y exigencia de colectivos y organizaciones de víctimas, a inicios de 2017 se abrió el proceso de exhumación de la fosa común de Jojutla. El cual se detuvo por los hechos antes señalados.

Considero que el estándar mínimo de responsabilidad que un municipio como Jojutla debe tener en este caso es el señalado por la CNDH para Cuautla. De ahí que el segundo proceso es el de replantear y rediseñar el aparato administrativo que como municipio tenemos sobre la manera en que operan los panteones municipales. A diferencia de lo ocurrido en Cuautla, en Jojutla existe un reglamento de panteones desde hace años, sin embargo, hay muchas tareas pendientes en lo administrativo, presupuestal, de certeza jurídica, temas relativos a la propiedad y más, que complican la administración del servicio como lo requiere la situación actual.

Además, actualmente los cuerpos de las personas no identificadas en el estado de Morelos que ya han tenido recopilada su información genética han sido transportados para su inhumación al panteón privado Jardines del Recuerdo, en Cuautla. No hay infraestructura pública de panteones forenses (ministeriales), asunto que es posible subsanar en colaboración con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, y en el que ya hemos comenzado a explorar cómo avanzar en Jojutla.

En lo personal, creo que estos pendientes pueden perderse de vista frente a los otros dos procesos, pero es fundamental para avanzar en la obligación de no repetición de estos hechos. Por ello es que, aprovechando la voluntad renovada para avanzar en estos temas en Cabildo, en lo que resta de la administración, y a pesar de arrastrar muchas inercias del pasado, seguramente habremos de avanzar en esta obligada transformación administrativa.

Proceso 3. Colaborar en el camino a la verdad

Por último, sería fácil decir que el Ayuntamiento no tiene mucho que hacer una vez que, de todo salir bien, reinicien los trabajos de exhumación en el panteón civil de Jojutla, pausados desde 2017; sin embargo, la colaboración con las autoridades estatales y federales se dará en términos muy distintos a los de hace dos años. Me explico.

Primero, un tema que es inescapable es la coordinación que deberemos tener para transportar a los más de 90 cuerpos del Servicio Médico Forense (Semefo) en Jojutla a su destino final. Coordinación que tendrá que ser no solo entre autoridades, sino también con la sociedad. Una tarea de información, sensibilización y planeación, a fin de minimizar los efectos de esta maniobra sobre los vecinos y que asegure no se lastimen más derechos de ninguna persona.

Segundo, el reconocer que no solo hay muchos aspectos a mejorar en la ejecución de los trabajos hechos en 2017, sino que existe un entramado nuevo de instituciones y leyes que cambian el contexto en el que se continuarán estos trabajos exigiendo un mayor estándar de cumplimiento:

- Existe una nueva Comisión Nacional de Búsqueda de Personas como parte de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

- Existe una nueva Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas en el estado;

- Hay una nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

- Hay un nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos;

- Se analiza ya en el ámbito federal la creación de un Mecanismo Extraordinario Forense; y,

- En el ámbito federal, estatal y municipal hay autoridades nuevas, con un mandato popular de frenar la violencia, brindar justicia a las víctimas, así como de asegurar la reparación completa de los agravios.

En el caso de la la Fiscalía General del Estado, aunque tiene otro titular, su estructura orgánica y administrativa está muy en los términos de 2017. El titular fue electo por la anterior legislatura a propuesta del entonces gobernador Graco Ramírez, lo cual le ha merecido señalamientos, principalmente por las propias víctimas, de falta de independencia a pesar de su autonomía legal. A esos señalamientos hay que sumar, la manera irresponsable en que el fiscal ha tratado todo esto, por ejemplo, como cuando en agosto declaró que el reinicio de las exhumaciones está avanzando y se encuentra ya próxima la fecha; o cuando personal de la Fiscalía ha afirmado la negativa absoluta de familiares de las tumbas particulares al traslado de sus difuntos: con posturas contradictorias pero en ambos casos, sin haber tenido contacto o escuchado el sentir de las familias con seres queridos sepultados prácticamente sobre la fosa común. El Congreso del Estado de Morelos tiene en sus manos la posibilidad de incidir y encauzar la procuración de justicia que tantas deudas acumuladas con la sociedad.

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Por todo ello y frente a ese panorama, el municipio tiene múltiples tareas. No solo frente a los requerimientos legales que implique la coordinación institucional del Ayuntamiento en estos trabajos de reinicio de las exhumaciones, también debe brindar y disponer de los recursos humanos, materiales, de documentación y acompañamiento necesarios que colaboren con los objetivos, exigencias y demandas de las víctimas.

En una de las heridas más profundas y desgarradoras que tiene México como son las decenas de miles de personas desaparecidas y la lucha que hacen familias por encontrarles, tenemos enfrente una responsabilidad histórica de sumar y no de restar; de estar presentes, no ausentes; de ayudar y no estorbar; de ser parte de la solución y no del problema.

*Carlos Brito, es regidor de Derechos Humanos de Jojutla.